El Ejército Argentino denunció ante la Policía Federal un posible acceso no autorizado a información personal de aproximadamente 50.000 efectivos, luego de recibir un correo electrónico anónimo que aseguraba tener en su poder datos sensibles vinculados a la fuerza. La denuncia fue presentada el pasado 8 de mayo ante la División de Delitos Informáticos, según confirmaron fuentes oficiales.
Tras el incidente, el Ejército implementó medidas preventivas para reforzar la seguridad de sus sistemas administrativos. La situación encendió las alarmas en el Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, así como en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que lidera Sergio Neiffert y cuenta con una división especializada en ciberseguridad.
De acuerdo con la información preliminar, los datos presuntamente comprometidos incluirían nombres, números de DNI, destinos, condecoraciones, vínculos familiares, diplomas y otra información relacionada con los legajos administrativos. Las autoridades destacaron que gran parte de estos datos son de carácter público y que no se vieron comprometidas ni las capacidades operativas ni los sistemas críticos del Ejército, consignó Infobae.
El correo anónimo que motivó la denuncia aseguraba poseer información sobre 50.000 registros, pero no contenía evidencia concreta. Pese a ello, la advertencia fue tomada con seriedad por las autoridades, en especial luego de que cuentas especializadas en ciberseguridad comenzaran a difundir la supuesta filtración en la red social X (ex Twitter). Entre ellas se encuentra Birmingham Cyber Arms LTD, que afirmó que una agrupación identificada como "TA" ofrecía datos personales de miles de militares argentinos.
La Justicia Federal tomó intervención en la causa para investigar tanto la veracidad del hecho como la identidad de los posibles autores del acceso no autorizado. El Ejército anticipó que ampliará la denuncia en las próximas horas, incorporando nuevos elementos relevantes para la investigación.
Mientras tanto, se ejecutan protocolos de seguridad específicos para proteger los sistemas de acceso, prevenir filtraciones futuras y preservar la integridad de la información institucional.